USHUAIA.- El Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, citó a indagatoria para este mes, a 11 imputados en la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”. A la fecha, hay 17 damnificados. Las maniobras fraudulentas habrían beneficiado a los incriminados con la suma aproximada de $8.145.000 y U$S52.000.

El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.

El gremio debía confeccionar un listado de postulantes a ocupar las casas y el IPV, por su parte, además de llevar adelante la construcción de las unidades, debía controlar que los postulantes cumplieran con los requisitos necesarios, y hasta la entrega definitiva de las viviendas, no debía exigir sumas dinerarias a los adjudicatarios.
Ante la alta demanda de inscriptos en acceder al beneficio, en junio de 2011 se llevó adelante un sorteo de aspirantes, que luego debía ser evaluado por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Sin embargo, según se desprende de la ampliación del requerimiento fiscal, de acuerdo al testimonio de algunos aspirantes, se hicieron gestiones ante el Gobierno de la Provincia para “incluir a otras personas que no habían participado del sorteo” y que incluso, “tampoco se encontraban afiliadas al Sindicato de ATE”.

Tras la labor de la Policía Científica, el representante del Ministerio Público Fiscal, Nicolás Arias, -que lleva adelante la causa-, luego de analizar los 11 cuerpos de la investigación imputó a Miguel Ángel Arana, Carlos Hipolito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, por haber defraudado mediante nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño a las personas, a 17 damnificados, al ofrecerles a venta viviendas sociales.

Las víctimas de la maniobra, hicieron entrega de sumas dinerarias, en peso y en dólares; vehículos y hasta motos en parte de pago, resultando de cada operación la participación de un intermediario, entre los años 2014 y 2017.
De esas operaciones, los imputados se alzaron con “ocho millones ciento cuarenta y cinco mil pesos ($8.145.000) y dólares estadounidenses cincuenta y dos mil (U$S52.000)”, se detalla en el requerimiento del Fiscal Arias.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Arana, Carlos Hipólito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillan Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, habrían cometido el delito de estafas reiteradas. En tanto que, Arana y Córdoba, por las funciones que cumplían dentro del gremio, pudieron haber cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta, al menos en grado de tentativa.

Por otro lado, se investiga la conducta de Miguel Ángel Arana y Gisela Edith Escobar, quienes habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o puesto en circulación en el mercado, diversos bienes y dinero provenientes de los ilícitos de las maniobras de las viviendas, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen licito (lavado de dinero).

La pareja adquirió 3 máquinas retroexcavadoras; 1 equipo autoelevador; 1 camión; 1 martillo neumático y 2 máquinas retroexcavadoras usadas.

Respecto de estos sucesos, a prima facie constituyen los delitos de legitimación de activos de origen delictivo, sin descartarse que por la condición funcional del imputado Arana pueda comprender el agravante para su hijo de descartarse su intervención como partícipe del suceso atribuido a su padre.

Miguel Angel Arana, Gisela Edith Escobar, Erik Enrique Moscozo Panozo y Martín Ezequiel Arana.

A Arana también se lo imputó, a prima facie, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.