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La jueza dispuso la libertad del condenado, quién deberá denunciar domicilio real. No obstante, hasta que la sentencia quede firme, el hombre deberá cumplir con las siguientes normas de conducta: prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio hacía las mujeres víctimas; comparecer cada vez que sea citado por el Tribunal; prohibición de salida de la provincia sin previa autorización judicial, y no alcoholizarse ni consumir estupefacientes.

Además, ordenó que por el lapso de dos años y cuando la sentencia se encuentre firme, deberá cumplir estrictamente las siguientes pautas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del patronato de su localidad, prohibición de realizar bajo cualquier modalidad, actos u omisiones en forma directa e indirecta, y a través de cualquier medio que impliquen violencia física y/o psíquica, e intimidación o amenazas de cualquier naturaleza hacía una de las mujeres víctimas.

También, el condenado deberá realizar un tratamiento psicológico con profesional público o privado, debido a la “impulsividad exacerbada”, conforme el dictamen psiquiátrico, dentro de los 10 días que la sentencia quede firme debiendo acreditar su finalización.

Asimismo, deberá abstenerse de alcoholizarse y consumir estupefacientes, y no cometer delitos. En caso de incumplir con alguna de las reglas de conducta se podrán evaluar medidas restrictivas de su libertad.

Durante la audiencia de debate, el fiscal Daniel Curtale representó al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Defensor Oficial Danilo Cambio representó al condenado.

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