BUENOS AIRES- El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Doctor Javier Darío Muchnik participó del Ciclo de charlas sobre Política Criminal que organiza la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En esta ocasión, en la sede del Ministerio, el Doctor Muchnik expuso sobre las Reformas Procesales y su impacto en la Política Criminal. Fue presentado por elsubsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez.

El magistrado explicó los ejes troncales de la Reforma Procesal Penal Federal y el paso al Sistema Acusatorio que se está proyectando en la provincia de Tierra del Fuego.

Al ahondar en detalles sobre los tópicos que se abordan en el seno de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal que preside, Muchnik remarcó que “más allá de las diferentes funciones que cumplirán los jueces y fiscales en este nuevo sistema, la víctima también tendrá una mayor participación en el proceso penal”.

Para concluir, explicó cuáles serán las conclusiones y los beneficios del nuevo procedimiento a partir de una comparación con el actual Sistema Procesal Federal Mixto.

Funciones de la Comisión

Mediante el Decreto Provincial Nº 1946 del año 2006, se creó la Comisión Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal Penal Provincial.

En los fundamentos del Decreto se da cuenta que el Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue sancionado por Ley Provincial Nº 68 en año 1994 y si bien fue objeto de reformas posteriores por las Leyes Provinciales Nº 351, Nº 792 y Nº 804, éstas introdujeron modificaciones asiladas dirigidas a adecuar el cuerpo normativo a la realidad imperante en materia penal, que no funcionaron de manera estructural y armónica.

En ese sentido, el Decreto ha destacado la necesidad de planificar una reforma que se oriente a cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, sobre la base los principios erigidos en los nuevos paradigmas vigentes en la materia y que debe ser abordar como auténtica política de Estado.

La Comisión se encuentra presidida por el Juez del Superior Tribunal de Justicia y actual Presidente del Alto Cuerpo, Dr. Javier Darío Muchnik. La integran, también, el Juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia, Dr. Jorge Luis Jofré; el Sr. Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. José Luis Álvarez; los Legisladores Provinciales, Dr. Federico Bilota y Dr. Pablo Villegas; el Dr. José Silvio Pellegrino, por la Matrícula de Abogados de la Ciudad de Río Grande y el Dr. Federico Vidal, por la Matrícula de Abogados de Ushuaia.

Conforme a los motivos que originaron su creación, el cuerpo ha venido trabajando desde comienzos del año 2017 en la elaboración de un Proyecto de Código Procesal Penal, que responda a un modelo de persecución penal de corte acusatorio, el cual a la par de transparentar y democratizar la administración de justicia, prevea mecanismos que propendan a un equilibrio entre la acusación y la defensa, sobre la base de los actuales estándares nacionales e internacionales en la materia, y en particular incorpore los principios de celeridad, desformalización, publicidad, oralidad, concentración e inmediación.

La Comisión se encuentra concluyendo las tareas de redacción del Proyecto, sobre la base de un modelo remitido por el Ministerio de Justicia de la Nación y que fue objeto de modificaciones por sus integrantes, a fin de adecuarlo a las necesidades de esta jurisdicción y las cuestiones planteadas por representantes de distintos sectores de la Provincia –jueces, fiscales, defensores, abogados- en los encuentros llevados a cabo en esta ciudad y en Río Grande, durante el curso del año pasado, con motivos de la visita de los funcionales de la citada cartera nacional, quienes trabajan en el diseño de distintos aspectos de la política criminal.

También se acordó como objetivo poner el borrador en conocimiento de los operadores del sistema penal, a los fines de posibilitar su evaluación con miras a realizar talleres intrainstitucionales e interinstitucionales, a efectos de debatir y arribar a conclusiones que coadyuven a la redacción definitiva del proyecto de legislación procesal penal.

En este marco, la participación de los operadores resulta de suma importancia, ya que tiende a relevar sus inquietudes, experiencias y sugerencias en búsqueda de consensuar una regulación que adecuándose a los parámetros constitucionales, provinciales, nacionales e internacionales en el tema, recepte las particularidades y realidad local.