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Una vez que el juez Sahade tomó conocimiento, en forma inmediata le tomó declaración testimonial a los posibles damnificados.
Dos de los denunciantes instaron la acción penal, mientras que el tercero representado por el Doctor Giménez no lo hizo.
En el caso de los posibles damnificados, el Doctor Sahade corrió vistas al fiscal Mayor, que por subrogancia intervino, el Doctor Pablo Candela quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual. Este pedido Fiscal aún no fue resuelto por el juez.
En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía impulso la investigación.
Días más tarde se presentó el damnificado que no había instado acción penal y con su abogado, el Doctor Gimenez, la instó. Por esta acción, se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el Juez le corrió si instruye sumario o desestima.
A su vez, el Juez Sahade, apenas radicada la denuncia solicito informes relacionadas con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Tribunal de Cuentas.
El magistrado ordenó el allanamiento de las 2 empresas que son mencionadas en la denuncia como las que habían facturado las obras y se requirió documentación a la municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizadas y peritada.
El juez aclaró que nunca se allanó la municipalidad y la causa nunca estuvo bajo secreto del sumario como tomó estado público.
También aclaró que los teléfono donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlo debido que es una herramienta de trabajo.
Asimismo dejaron constancia en su declaración testimonial que los ponían a disposición para que cuando el Juzgado lo requiera.
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