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Ante el reiterado modo de operar y a las dificultades de identificar a los autores del delito recomiendan a la población tomar los recaudos de no brindar datos a quienes emiten este tipo de llamados telefónicos.

Durante el turno de febrero, ingresaron a la Fiscalía dos denuncias radicadas por un abogado de la matricula de la ciudad, que actualmente se tramitan ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 del DJS, a cargo de la Doctora María Cristina Barrionuevo.

Según consta en el requerimiento fiscal de instrucción, el primer hecho habría ocurrido el 19 de febrero, alrededor de las 11, cuando el denunciante fue advertido de parte de una notificadora de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), acerca del caso de un beneficiario que habría resultado damnificado.

Puntualmente, el damnificado le comunicó a la notificadora que de parte del socio del denunciante (otro abogado de la matricula de la ciudad), “se habían comunicado con él con el fin de solicitarle datos personales, de tarjetas de debito y crédito, para realizarle un deposito por un reintegro en base a un decreto de la gobernadora Rosana Bertone”.

El llamado que recibió el damnificado fue de un número privado, y en esa comunicación “habrían informado que falsamente se reintegrarían al afectado la suma de $240.000, por lo que éste les debía aportar sus datos, desconociéndose si los autores habrían de menoscabar su patrimonio”.

Del requerimiento fiscal, se desprendió que las personas que llevaron a cabo el accionar descripto habrían invocado el nombre de un abogado de la matricula local, simulando ser de su estudio.

En tanto, el segundo hecho ocurrió el mismo día pero una hora más tarde, oportunidad en que el abogado denunciante fue anoticiado por parte de su secretaria de que un cliente que se hizo presente en su estudio jurídico, le informara que alguien se había comunicado con él simulando ser empleado de la oficina.

En esa comunicación, “le ofrecieron cobrar un reintegro a cambio de información de sus tarjetas, las cuales el damnificado no brindó”.

Para el fiscal de turno Nicolás Arias, los hechos descriptos constituyen a simple vista el delito de estafa, por el primer hecho, y por el segundo, el de estafa en grado de tentativa.

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